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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
Inicio
Misión humanitaria al Catatumbo, N de S. PDF Imprimir E-Mail
Escrito por CISCA   
viernes, 09 de noviembre de 2007


INFORME MISION HUMANITARIA
REGION DEL CATATUMBO (N. SANTANDER)
CORREGIMIENTOS HONDURAS (CONVENCION) Y SAN JUANCITO (TEORAMA)
Agosto 24, 25 y 26 de 2007



1.    Presentación                                                                                   2

2.    Participantes                                                                                   3

3.    Contexto                                                                                         3
    
    3.1.    Antecedentes                                                                           4
    3.2.    Reconstrucción del Tejido social                                              5    
    3.3.    Explotación de recursos y seguridad militar                              5
    3.4.    “Águilas Negras”                                                                        6

4.    Derechos vulnerados                                                                        7    

    4.1.    Ejecuciones extrajudiciales                                                      7
    4.2.    Torturas                                                                                    8
    4.3.    Intimidación y amenazas                                                        11
    4.4.    Desplazamiento forzado                                                         11
    4.5.    Actos de pillaje contra bienes de la población civil                12        
    4.6.    Uso de bienes civiles                                                               13
    4.7.    Bombardeos y ametrallamientos                                             15
    4.8.    Empadronamiento y toma de fotografías                                15        
    4.9.    Bloqueo de alimentos                                                             16                    
5.    Otros hechos denunciados                                                              17

    5.1.    Minas antipersonales                                                               17
    5.2.    Cierres de iglesias                                                                    18

6.    Recomendaciones                                                                           19


1.    Presentación

Como respuesta al llamado reiterado que vienen haciendo las comunidades de la región del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander (Colombia), específicamente las Juntas de Acción Comunal coordinadas en el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA, por la crítica situación de derechos humanos que afrontan en el marco de la militarización de la región; se realizó una visita de varias organizaciones nacionales e internacionales con el objetivo de escuchar a los campesinos y de proponer algunas recomendaciones para que el Estado no viole los derechos humanos y cumpla con su deber de protegerlas.

Dadas las grandes distancias entre los caseríos y el mal estado de las carreteras, la Misión visitó dos corregimientos que por su ubicación estratégica, permiten la confluencia de habitantes de dos extensas zonas: Honduras (municipio de Convención) y San Juancito (Teorama). Allí, representantes de las diferentes Juntas de Acción Comunal veredales, llegaron para entregarle a la Misión las inquietudes, quejas y denuncias por los atropellos que vienen soportando.

De la zona conocida como El Alto Bobalí, ubicada entre los municipios El Carmen (Norte de Santander) y Curumaní (Cesar), estuvieron presentes las Juntas de Acción Comunal de La Bogotana, La Cristalina, Bobilandia, La más Verde, Playas Ricas, Playas Lindas, Nuevo Horizonte, El Tigre, Casa de Piedra, Portón Rojo, Veguitas, entre otras; mientras que del municipio de Convención asistieron las Juntas de Acción Comunal de Honduras, Puerto Oculto, Santafé, Mata de Caña, comunidad Bridikaira (Barí). Por su parte, al corregimiento de San Juancito se hicieron presentes representantes de las veredas La Pedregosa, La Tiradera, Mundo Nuevo, Martillo Alto, Martillo Bajo, Las Lajas, El Rosario,  La Ruidosa, Buenos Aires, Costa Rica, Marquetalia, Unión Alta, entre otras.

A pesar que las comunidades saben de la gravedad del comportamiento irregular de miembros de la Fuerza Pública y la importancia de denunciarlos, en general no lo han hecho por limitaciones físicas, por incredulidad y por temor. De un lado, las personerías son distantes geográficamente a las zonas rurales donde son cometidos los atropellos. Así mismo, las comunidades cuestionan la falta de voluntad de algunas personerías para recibir denuncias, en consecuencia se tiene una profunda desconfianza frente a la efectividad de las mismas en las personarías, pues no conocen los resultados. De otro lado, según los testimonios, los militares han amenazado y amedrentado a la gente para que no denuncien; en ese sentido han indagado por las personas que hablan con las organizaciones de derechos humanos.

Ahora bien, dado el temor cierto de las comunidades, y el hecho que la Fuerza Pública continuará su presencia en el lugar, todos los casos relacionados en este informe están respaldados con nombres propios, pero fueron omitidos por razones de seguridad.

2.    Participantes

La visita estuvo conformada por las siguientes instituciones: del orden internacional, Consejería en Proyectos PCS, Christian Aid Reino Unido Irlanda, Terres des Hommes Italia, Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER y Proyecto de Ayuda Solidaria con Colombia PASC – Canadá- Del nivel nacional, el Programa de Comunidades en Riego de la Vicepresidencia de la República, la Asociación MINGA, del nivel regional la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos CSPP (Seccional Bucaramanga), la Fundación Progresar (Cúcuta); y del nivel local, la Central Cooperativa de Servicios Cencooser.

Es importante resaltar que a esta visita –como a las que otras organizaciones de derechos humanos han realizado-  fueron invitadas la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría Nacional del Pueblo, dado que son funcionarios públicos (Ejército Nacional) los comprometidos en los comportamientos irregulares denunciados por las comunidades. Ante ello, los niveles nacionales de ambas instituciones estatales aceptaron y dieron directrices a las oficinas regionales y locales para acompañar la Misión . Sin embargo, éstos no acataron dichas directrices, por tanto ni la Procuraduría ni la Defensoría se hicieron presentes.

La Misión tuvo como espacios centrales dos reuniones con representantes de las distintas comunidades de Honduras y San Juancito. En ellas se expusieron las diferentes quejas consideradas como atropellos y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por las condiciones de presión ya planteadas, varios  casos fueron  expresados en privado a los miembros de la Comisión, en tanto otros fueron entregados por escrito. Toda la información contenida en este informe está soportada con nombres y sitios de las personas afectadas.

3.    Contexto

La región del Catatumbo, integrada por ocho municipios: Tibú, El Tarra, Teorama, Convención, San Calixto, Hacarí, La Playa y El Carmen, vive un periodo que se puede denominar “post desmovilización paramilitar”. En consecuencia, han bajado los niveles de criminalidad cometidos por los paramilitares contra la población civil. Sin embargo esa relativa tranquilidad viene siendo afectada por las reiteradas violaciones a los derechos de los campesinos, por parte de la Fuerza Pública.

    3.1.    Antecedentes

En noviembre de 2005 y enero de 2006, las Brigadas No. 30 y Móvil No. 15 iniciaron operaciones en la región del Catatumbo, lo que implicó un aumento considerable de efectivos militares. Ingresaron primeramente por la parte Baja de la región (Tibú y El Tarra), para posteriormente hacer lo propio en la parte Media y Alta. En la medida que se fueron posicionando territorialmente, se incrementaron las quejas y denuncias por parte de las comunidades que sintieron con rigor la presencia militar: amenazas, señalamientos, torturas, bloqueo de alimentos, extorsiones, violaciones al DIH, pillajes, etc. Gran parte del comportamiento irregular de las tropas estatales fueron denunciados ante Personerías, Defensoría del pueblo, Procuraduría y también ante la opinión pública. Los resultados han sido ciertamente precarios. De esta forma se ha legitimado aún más la desconfianza de las comunidades en las instituciones estatales de control y defensa de los derechos humanos.

En medio de ese panorama de violación permanente de los derechos humanos, preocupa mucho a las comunidades las ejecuciones extrajudiciales que vendrían cometiendo miembros de la Fuerza Pública contra los campesinos. En todos los casos haciendo pasar a las víctimas como guerrilleros muertos en combates, de acuerdo a los testimonios compilados en el último año, y haciendo alarde de positivos que en realidad son homicidios en persona protegida y posteriormente las víctimas son presentadas antes los medios de comunicación y opinión pública como terroristas y delincuentes. En el último año, se sabe de al menos de 20 personas asesinadas en la región, en estas circunstancias. Gran parte de estas ejecuciones se encuentran inmersas en procesos jurídicos asumidos por sus familias.

A lo anterior se suman, las permanentes detenciones arbitrarias, tanto masivas como individuales, que han puesto a las comunidades en mayores grados de vulnerabilidad. En general, las personas detenidas han sido dejadas en libertad, luego de pasar días o meses en la cárcel, por no habérseles probado ningún delito. Sin embargo, su honra y buen nombre ha quedado mancillado ante los medios y la opinión nacional, donde fueron presentados como peligrosos delincuentes, terroristas y narcotraficantes. Adicionalmente las familias han tenido que pagar altísimos costos económicos a abogados para su defensa.

Entre otras, destacamos las siguientes detenciones:

1.    El Aserrío (Teorama), el 12 marzo 2005, fueron detenidas 3 personas de la comunidad, a quienes debieron dejar en libertad pocos días después por falta de pruebas.
2.    Hacarí, junio de 2005, detenidos 6 líderes reconocidos  a quienes debieron dejar en libertad prontamente, por no existir pruebas.
3.    San Calixto, el 23 de junio de 2005, fueron detenidas 9 personas detenidas, a quienes también dejaron en libertad por  falta de pruebas.
4.    El Tarra, el 8 de diciembre de 2005, fueron detenidas 12 personas, quienes fueron privadas de la libertas en la ciudad de Cúcuta durante seis meses y finalmente los señalamientos de que fueron objeto no tuvieron fuerza probatoria.
5.    Corregimiento La Trinidad (Convención), el 27 de agosto de 2006, fueron detenidas 9 personas y después de 8 meses quedaron en libertad, igualmente por falta de pruebas.
6.    La Vega de San Antonio (La Playa), el 31 de enero de 2007, fueron detenidas 4 personas muy reconocidas de la comunidad.
7.    Vereda El Rosario (Teorama), en marzo de 2007, fueron detenidos cuatro jóvenes campesinos, a quienes el Ejército vistió con prendas militares e hizo creer que se trataba de guerrilleros. Luego de tres semanas fueron dejados libres tres de ellos, el cuarto duró un tiempo más detenido.
8.    Vereda La Pedregosa (Teorama), 1 de agosto de 2007, fueron detenidas tres integrantes de una familia, actualmente detenidas.
9.    El corregimiento La Gabarra (Tibú) también ha presentado varias detenciones arbitrarias en el último año.

    3.2.    Reconstrucción tejido social

En medio de este panorama las comunidades han sumado esfuerzos para reconstruir su tejido social, sus Juntas de Acción Comunal y Asojuntas, cooperativas, asociaciones de mujeres y jóvenes; para reconstruir la memoria de la era de terror que vivieron e impulsar un plan de vida digno desde sus habitantes, en la medida que el Estado colombiano le sigue dando la espalda a la región. Así, han nacido dos  referentes importantes organizativos del nivel regional, el CISCA y ASCAMCAT, y se ha fortalecido la Asociación indígena Barí ASOCBARI.

    3.3.    Explotación de recursos y seguridad militar

Paralelo a esta búsqueda loable de los habitantes regionales, el gobierno nacional viene diseñando y ejecutando su proyecto político y económico para el Catatumbo, pero muy distinto a los intereses de los catatumberos. Es decir, sus planes están lejos de tener como objetivo el bienestar y progreso de las comunidades que allí habitan.

Los grandes proyectos de extracción de recursos naturales, conjuntamente con la seguridad militar para garantizar su ejecución, son los componentes centrales de de los planes estratégicos del gobierno nacional, a través de los cuales implementa la explotación de recursos energéticos, especialmente. En Tibú actualmente se están reactivando los Campos de Río de Oro, recuperando los pozos agotados con el método de producción incremental; igualmente se hace exploración sísmica en dos nuevos bloques, Ventanas y González, de los cuales ya se ha avanzado en el primero a la perforación del primer pozo exploratorio, en territorios indígenas Barí del corregimiento de la Gabarra. En cuanto al carbón, el Ministerio de Minas ha abierto licitación para la explotación del Yacimiento a cielo abierto Sardinata-Río de Oro, la cual se propone convertir en un II Cerrejón, por la magnitud de la producción que se espera obtener. Este yacimiento cubre los municipios de Convención, Teorama, Tibú, Sardinata y El Tarra, y en la licitación participan todas las empresas transnacionales que intervienen en la explotación del carbón en la Guajira y el Cesar.

Recordemos las palabras del señor gobernador de Norte de Santander, Luis Miguel Morelli en septiembre de 2005, según las cuales “En ese esquema de fuerza de tarea conjunta y establecimiento de una Brigada exclusiva para Norte de Santander, consideramos que se puede garantizar la seguridad del departamento y desarrollar el plan de Convivencia y Paz propuesto especialmente para El Catatumbo, que consiste en el desarrollo de la agroindustria y la actividad minero-energética de la zona” .
 
En consecuencia, se viene implementando una estrategia de seguridad, que implicó el aumento del pie de fuerza para la región. Así desde comienzos de 2006 se crearon dos nuevas Brigadas, la No. 30 (4.800 hombres) con sede en Cúcuta y la Móvil No. 15 (1.300 hombres) con sede en Tibú. A esta realidad se suma el anuncio de la entrada de la nueva Brigada No. 21 (1.000 hombres) en el mes de octubre. De acuerdo a esta tendencia, el Catatumbo podrá alcanzar 10 mil efectivos militares.

Correspondiente con esa búsqueda del gobierno nacional, la región del Catatumbo es una de las nueve zonas escogidas para desarrollar la estrategia de “Control Social del Territorio” 2007 - 2010, impulsada por el Centro de Coordinación de Acción Integral CECAI . Tal estrategia tienen un enfoque integral en el que sin embargo sus distintos componentes giran alrededor de la seguridad, correspondiéndose al Plan Colombia en su segunda versión denominado “Fortalecimiento de la Democracia y el Desarrollo Social”, con una participación activa y explícita de la Embajada y el Comando Sur de los Estados Unidos, quienes en particular proyectan su nuevo plan denominado “Amistad y Cooperación por las Américas” .
 
Es precisamente en ese contexto de militarización para garantizar la entrada y mantenimiento de las empresas explotadoras de recursos naturales, que se vienen presentando las denuncias sobre un sinnúmero de atropellos, violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, bombardeos indiscriminados e intimidación generalizada de las comunidades por parte del Estado colombiano.

Más recientemente la Fuerza Pública, a través de las Brigadas No. 30 y la Móvil No. 15, hizo su ingreso a diversas zonas apartadas del Catatumbo, entre ellas el Alto Bobalí (El Carmen) y otras de Teorama. De acuerdo a los testimonios, tal llegada se ha caracterizado por la hostilidad, agresividad y atropello contra el campesinado en general. Ese es el motivo del llamado apremiante de las comunidades y en consecuencia, de la visita que de manera urgente realizamos a los puntos de encuentro planificados.

    3.4.    “Águilas Negras”

Si bien el Catatumbo vive un periodo de “post paramilitarismo”, desde  hace más de un año, es frecuente escuchar hablar de un nuevo grupo paramilitar denominado “Águilas Negras”. Al respecto no hay una lectura clara de la veracidad de su existencia. Lo claro es que el tema y los rumores recorren la región y atemorizan a sus habitantes. Sin embargo, luego de un monitoreo permanente de la situación de derechos humanos y escuchar las quejas de los campesinos, pareciera que quien más interesado se encuentra en posicionar tal nombre, son algunos miembros del Ejército, como se deduce de los siguientes testimonios recogidos en la visita.

De acuerdo a las declaraciones de los habitantes, la Brigada Móvil No. 15 llegó hace varios meses a las veredas de Nueva Colombia, Pedregosa, Mundo Nuevo, Buenos Aires, Costa Rica, entre otras, del municipio de Teorama. Desde el mismo momento de su entrada, miembros de tales brigadas, han tenido una actitud hostil y agresiva contra la población, pero además han amenazado a la gente con próximas incursiones de las “Águilas Negras”.

Varios habitantes responsabilizaron a un Mayor, al mando de la tropa, de decirle a la gente “todos ustedes son una partida de guerrilleros… nos vamos a mantener hasta diciembre y luego vienen las tropas más bravitas”

O por ejemplo, cuando el Ejército arribó a la escuela de la vereda Veguitas (El Carmen), el 27 de junio, según los pobladores, algunos militares colocaron letreros que decían: “Vivan las Autodefensas, llegamos 40 paras”. Igualmente colocaron un letrero amenazante contra la profesora de la Escuela.

Posteriormente, el Ejército llegó a la vereda La más Verde y algunos de sus miembros le dijeron a los lugareños que mejor se fueran de esas tierras, pues tras de ellos venían las “Águilas Negras…y esos si acabarían con todo”.

Posteriormente se ubicaron en la vereda Santafé. Allí también amenazaron a los habitantes con la llegada de las “Águilas Negras”.

Denuncia equivalente hicieron habitantes de la vereda Portón Rojo, cuando un Sargento Primero que  iba en la tropa, a su arribo, amenazó a la comunidad con la llegada de las “Águilas Negras”.

4.    Derechos vulnerados

De acuerdo a la información recogida y ordenada en este informe, los derechos más vulnerados son: el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad; el derecho a la integridad personal y trato humano; el principio de la legalidad y el debido proceso; el derecho a la intimidad, honra, reputación y personalidad jurídica; y el Derecho Internacional Humanitario. Para un mayor entendimiento, y dado que los hechos se asimilan mucho de lugar a otro, los ordenamos de la siguiente manera:

    4.1.    Ejecuciones extrajudiciales

Como se ha denunciando ante las entidades Estatales, medios de comunicación y comunidad internacional, a lo largo del territorio nacional se viene ejecutando una política abiertamente violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, por parte de miembros de la Fuerza Pública, como es la ejecución extrajudicial de personas, generalmente campesinos, quienes posteriormente son presentados ante las instituciones estatales y opinión pública como guerrilleros muertos en combate.

Durante la visita a la región fueron denunciados dos casos recientes de campesinos, que, según el Ejército fueron muertos en combates, pero que de acuerdo al testimonio de las familias y comunidades, se trataba de campesinos reconocidos, trabajadores y pertenecientes a las Juntas de Acción Comunal de sus veredas.

El día 12 de agosto, en la vereda Guamalito, apareció muerto el joven campesino Wilfredo Quintero Chona, de 28 años de edad, quien temprano en la mañana de ese domingo, había salido con otro campesino al casco urbano de El Carmen a comprar el ataúd para el papá de este último quien había fallecido. Ya en el área urbana, no lo volvieron a ver, y el lunes siguiente apareció muerto en el corregimiento Guamalito y reportado por el Ejército como muerto en combate, ante lo cual fue trasladado por el mismo Ejército al municipio de Ocaña.

Otro caso denunciado fue el 15 de julio, en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama. Según la comunidad el Ejército detuvo al señor Luis Carlos Angarita Rincón, de 25 años de edad, hacia las 2 de la tarde, quien iba hacia su vereda Aguachica del municipio de San Calixto, donde vivía, después de haber hecho el mercado y recogido un dinero que le habían pagado. Al día siguiente, en horas de la madrugada miembros del Ejército fingen un enfrentamiento, y posteriormente aparece el cadáver de Luis Carlos.
    
    4.2.    Torturas

También fueron reiteradas las quejas de la comunidad por las distintas formas de tortura que inflingen miembros del Ejército a los habitantes. Comportamiento claramente violatorio del derecho a la libertad física y al trato humano. Estas prácticas las realizan cuando los campesinos se encuentran solos y en estado de indefensión por no haber testigos.

En los primeros días del mes de mayo, un grupo de militares de la Brigada Móvil  No. 15, retuvo cuatro campesinos jóvenes que iban para El Rosario, donde viven, después de varios días de trabajar en el corregimiento La Trinidad. Allí los maltrataron, insultaron, y posteriormente los vistieron con prendas militares y obligaron a cargar los fusiles. Esta última orden no fue aceptada por los campesinos. Posteriormente se los llevaron en un helicóptero para Cúcuta, haciéndolos pasar por guerrilleros ante los medios de comunicación y los pusieron a disposición de la Fiscalía. Luego de varios días de gestiones ante la defensoría, Naciones Unidas y demás organismos de derechos humanos, se logró demostrar que todo fue un montaje y los dejaron libres pasadas unas semanas. Sin embargo, el daño causado en su honra no ha sido reparado, ya que fueron presentados a la opinión pública como terroristas, sin que haya habido una rectificación pública posterior.

El 3 de julio tropas de la Brigada Móvil No. 15, llegaron a la finca de un campesino de la vereda La Bogotana (El Carmen). Allí, algunos militares torturaron con golpes de fusiles y puntapiés a 6 campesinos, los señalaron de ser guerrilleros, no los dejaron hablar y amenazaron si denunciaban el hecho. Durante varios días esas personas no pudieron salir de la zona.

El 10 de agosto en horas de la noche en la vereda Llanos del Norte, miembros de la Brigada Móvil No. 15 entró a la casa de una familia, rompieron las puertas, intimidaron a los habitantes, encañonaron al señor, su esposa e hijos, igualmente rompieron otra puerta donde se encontraba otro hijo con su esposa e hijos. Lo sacaron, torturaron, golpearon: lo colocaron contra el piso, le taparon la boca con un trapo, le echaron agua en la cara y golpeándolo con la punta de los fusiles y poniéndole un cuchillo en el cuello,  le decían que era un miliciano de las FARC. Ante el hecho, llegaron hermanos y familiares y se lo quitaron.

En zona rural, aledaña al caserío Honduras, a finales del mes de julio, llegó en horas de la mañana un grupo de miembros de las FFAA a la casa un campesino, saludaron y trataron con respeto a los habitantes del predio, además le compraron dos gallinas a la esposa del campesino, luego se fueron. Sin embargo, en horas de la noche de ese mismo día, volvieron a llegar miembros del Ejército a la casa de la finca, en esa ocasión los acompañaba un encapuchado, inmediatamente y sin ninguna orden judicial para ello los soldados ingresaron a la casa y detuvieron a todos sus moradores (5 personas) y allanaron ilegalmente el inmueble.  Luego el grupo de los retenidos fue sacado de la casa y separado por los miembros del Ejército, quedando el dueño de la casa a unos 20 o 30 metros de su hijo. A pesar de la distancia éste escuchó como golpeaban brutalmente a su hijo.  Luego él mismo fue golpeado, amenazado e injuriado por los miembros del ejército y el encapuchado.  Durante ese lapso se le preguntó insistentemente por unas supuestas armas que ellos decían estaban en la finca, afirmación negada rotundamente por el campesino pues es y siempre ha sido un pacífico trabajador del campo.

El atropello de que fue víctima la familia se extendió hasta la medianoche cuando la tropa se retiró del lugar.  Al ingresar a la casa de la finca los habitantes denunciante se percataron de la pérdida de $1’660.000 en efectivo, del robo de $30.000 en alimentos, el robo de dos pequeñas escopetas de cacería avaluadas en $400.000 y la destrucción de otros bienes tasados en $150.000.

En la vereda La Bogotana, la Brigada Móvil No. 15 llegó el 4 de agosto. Allí, en horas de la noche, algunos de sus miembros, ingresaron a cada una de las casas de manera forzada, atropellando todo y desbaratando los bienes de las familias.  Robaron animales y torturaron a la gente para que diera información de unas personas; si no lo hacía, amenazaban con traer el helicóptero y llevárselos detenidos como guerrilleros.

La Brigada 30 entró el 2 de junio a la vereda Bella Unión, según los habitantes, detuvieron a un joven, lo golpearon con un fusil, hasta hacerle perder el conocimiento. Se le pararon encima del cuerpo que yacía sobre el piso, lo torturaron con una vara de café y diciéndole que le iban a sacar las uñas, lo tuvieron amarrado durante tres días; sin embargo, como la señora madre y una hermana del joven vieron todo, no lo mataron. Esto sucedió en inmediaciones de su casa.

El 1 de junio el Ejército arribó al caserío del corregimiento Honduras (Convención), pero antes de llegar a la cabecera corregimental, estuvo en varias casas rurales, donde, según los campesinos cometieron todo tipo de atropellos. En la finca de una familia, miembros del Ejército retuvieron a dos hermanos, mientras mandaron a un tercer hermano al caserío (Honduras) a hacerles mercado. Según los campesinos, de esta manera, reteniendo a dos personas, garantizaban que el joven regresara con el mercado tal y como le ordenaron, para que no les fuera a pasar nada a sus hermanos. Días seguidos hicieron lo mismo con la esposa de otro señor, a quien retuvieron mientras ella tuvo que ir al caserío a hacerles todo el mercado que miembros del Ejército le ordenó. Esta práctica de mandar a la comunidad a comprarles el mercado, se ha presentado igualmente en la vereda Puerto Oculto.

El viernes 8 de junio, según los testimonios, miembros del Ejército llegaron a la casa de un campesino que se encontraba arrancando yuca. Lo golpearon con el fusil en el pecho y le hicieron una herida. Lo interrogaron por la guerrilla, le tomaron fotografías y además lo amenazaron si denunciaba el hecho, que ni siquiera a la esposa podía contarle lo que le había pasado.

Posteriormente, el 9 de junio en la vereda Bella Unión (Honduras) miembros del Ejército hicieron desnudar a un campesino y le tomaron fotografías por todos lados, además de someterlo a un interrogatorio.

En la reunión de San Juancito, un campesino relató cómo en el mes de Junio un soldado de la Brigada Móvil No. 15 llegó a su casa, lo botó contra el piso y le dijo que cantara todo lo que sabía de la guerrilla o si no lo golpeaba y lo amenazó con que lo iba a matar. Ante ello, el campesino se quejó ante el mando del Ejército que se encontraba en el corregimiento.

Según los habitantes, en la zona de Honduras y el Bobalí, miembros del Ejército andan con un joven encapuchado quien señala a los habitantes y se hace llamar “Jochimín” y tiene como arma de dotación una escopeta calibre 12, de las mismas que utilizan los campesinos para la cacería. Así se destacó el caso en el que miembros del Ejército y el encapuchado detuvieron un campesino de la vereda Mundo Nuevo, quien había salido a hacer mercado en Honduras, lo maltrataron y le prohibieron volver al caserío.

El 16 de julio en la vereda El Rosario, miembros de la Brigada Móvil No. 15 dispararon a unos niños que iban corriendo y a pesar de la alarma de la comunidad, por fortuna, salieron ilesos del hecho; sin embargo, preocupa a la gente la actitud agresiva, hostil e irresponsable con que algunos miembros del Ejército tratan a la población rural, incluida la infancia.

E 26 de julio, miembros del Ejército detuvieron a un campesino que iba a cosechar plátano, en tanto al hermano de este lo amenazaban con matarlo, pues un encapuchado que iba con el Ejército lo señalaba; en ese mismo hecho un sobrino de los hermanos también fue retenido y torturado.
 
    4.3.    Intimidación y amenazas

Un comportamiento irregular y generalizado de miembros del Ejército en la región, son las amenazas e intimidación contra sus habitantes. A continuación se relacionan algunas de las quejas expresadas por los campesinos:

Según las denuncias realizadas por las comunidades, el Ejército Nacional ingresó el 9 de junio al corregimiento de Honduras (Convención). Allí, efectivos militares retuvieron varios habitantes, los amenazaron y maltrataron. Dentro de este grupo se encontraba una mujer embarazada. El primer caso fue de un habitante muy reconocido, quien en horas de la noche, cuando llegó en su vehículo de trabajo procedente de Ocaña, fue retenido, encañonado, amenazado  y acusado de pertenecer a la guerrilla. Los militares también registraron abusiva e ilegalmente varias viviendas, habiendo retenido al menos 7 personas de las que allí residían, por algunas horas. Mientras a otro morador del corregimiento lo golpearon con la culata de un fusil, amenazaron de muerte, fotografiaron y prohibieron que fuera a denunciar el hecho.

Según los habitantes, en este mismo corregimiento (Honduras) un Capitán, en ese momento mando de la tropa, intimidaba los habitantes para que dieran cuenta de la guerrilla y que si no lo hacían, “iban a tener que ponerse duritos”. Según el testimonio, el militar le dijo: “tocará matar unos 3 o 4 para que en el nivel nacional nos crean que estamos teniendo resultados”. También les amenazaban con la llegada de la Fiscalía, como mecanismo para atemorizar a la población.

A finales de julio, miembros del Ejército entraron a la vereda La Bogotana (Alto Bobalí), retuvieron a tres muchachos que iban de cacería, los golpearon y se los llevaron por separado y los hicieron pasar la noche con ellos. Antes de dejarlos ir, les hicieron firmar un papel de buen trato.

Según los habitantes, la entrada de los militares a La Bogotana y La Cristalina ha sido una pesadilla, pues maltratan a todo el mundo, les ofrecen dinero para que den nombres de guerrilleros y milicianos - a sabiendas de que están tratando con población civil- , les toman fotografías y hasta interrogan a los niños.

    4.4.    Desplazamiento forzado

Es cierto que las comunidades de la región del Catatumbo se encuentran en un proceso de resistencia para defender la vida, el territorio y la identidad; eso implicó la decisión de no volver a salir de la región, aún en medio de la guerra y  haciendo un esfuerzo por construir un plan de vida digno, dado el desprecio que el Estado colombiano siente por ellas. Sin embargo, el panorama de derechos humanos descrito en parte, en este documento, testimonia que varias comunidades se están desplazando y otras no descartan esa posibilidad. Vale decir, el Estado colombiano se está convirtiendo en el autor del desplazamiento forzado, con las consecuencias sociales, políticas, económicas y jurídicas que ello implica. Veamos:

Un caso emblemático es el de una familia de la vereda la Pedregosa, quien tuvo que abandonar su finca e irse definitivamente para el caserío de San Juancito, debido a que miembros del Ejército se tomó su casa por varios días, sin importar las consecuencias que pudieran tener. Según el testimonio, la casa se ha convertido en lugar de paso para miembros del Ejército, pues primero llega un grupo, dura tres días; se va y se esconde en el monte; luego llega otro, pernocta unos días y así sucesivamente. Tomaron su casa como base, sin consideración que hayan niños y adolescentes en la misma. Es más, entran a las habitaciones a ver la televisión y, utilizan la cocina y el baño.

Igualmente, se esconden en las zonas boscosas de las fincas para vigilar durante todo el día y la noche quién entra y quién sale, como si los campesinos fueran delincuentes, lo cual se ha convertido en una zozobra e intranquilidad para las familias. Es decir, aquí el derecho a la intimidad y honra de los campesinos no existe.

Así las cosas, según los habitantes han tenido que cambiar sus costumbres, pues ya no pueden andar solos por el temor que los detenga el Ejército, los ejecute y luego los haga aparecer como guerrilleros muertos en combate, como tantas veces ha sucedido.

Por otra parte, hay veredas completamente solas y otras están a punto de desplazarse, es el caso de Nuevo Horizonte, La más Verde, La Bogotana, Minas de Hierro, Casa de Piedra, Bobilandia, entre otras. Los habitantes saben que en esa zona hay riquezas naturales, especialmente oro “y es por eso que el Ejército quiere sacarnos de la región”, aseguran los campesinos.

Situación similar se vive en las veredas de Nueva Colombia, Pedregosa, Mundo Nuevo, Buenos Aires, Costa Rica, Unión Alta, entre otras, del municipio de Teorama.

El desplazamiento forzado más reciente fue el de varias familias que se desplazaron hacia el área urbana de Teorama como consecuencia de los bombardeos realizados por el Ejército en las veredas Vegas de San José y Vegas de Oriente, entre los días 14 al 20 de agosto.

    4.5.    Actos de pillaje contra bienes de la población civil

El comportamiento irregular de miembros del Ejército también está afectando el sustento económico de los pobladores de la zona, pues se trata de campesinos humildes quienes con escasos recursos subsisten excluidos de las políticas e inversiones estatales. Pareciera entonces que lo buscado por los militares es despojarlos de lo poco que han conseguido. Así se observa con el robo de las bestias o las mulas, el ganado, aves de corral y los cerdos;  además de los recursos económicos efectivos que poseen los campesinos.

El viernes 6 de julio el Ejército entró a la vereda Portón Rojo. Allí detuvo  a un niño campesino de 14 años, a quien le quitaron el plástico que llevaba para protegerse de la lluvia y la coleta que tenía para recoger el fríjol. También le quitaron el macho (bestia de carga) y el mercado que había hecho por 150.000 pesos. Según el testimonio, este hecho fue cometido por el Sargento Primero Ricardo Palacio.

En esos días, en la vereda La más Verde, el Ejército le quitó a una campesina dos mulas, se las llevó, una resultó muerta, pero nunca se la pagaron a la señora. Igualmente le “compraron” dos vacas a otra señora de la zona, pero se fueron y no se las pagaron.

De acuerdo a los testimonios de los habitantes, también les robaron gallinas y útiles personales. Esto ha pasado también en las veredas la Bogotana y la Cristalina.

Se destaca un caso de una familia de la vereda Llanos del Norte (Convención), cuando el 10 de agosto, el Ejército entró a la fuerza a la casa y después de golpear a un joven, procedió a desbaratar todo y robaron un millón 500 mil pesos a la familia. En ese mismo hecho le robaron a otra señora $60.000 de unos animales que había vendido. Además se llevaron dos escopetas que la familia tenía de cacería y les destruyeron otra.
 
Un hecho similar dieron a conocer en la vereda La Pedregosa (mes de julio), donde el Ejército detuvo dos campesinos y les quitó seis millones de pesos que llevaban.

Hasta los indígenas Barí han sido víctimas de la violencia y atropellos de miembros de la Fuerza Pública; en el corregimiento Honduras retuvieron dos miembros de esta comunidad y les quitaron pertenencias y los machetes (herramientas de trabajo) que llevaban.

También denuncian que miembros del Ejército utilizan las horas de la noche para robarse los animales de las casas y asaltar las viviendas de los humildes moradores. Es un comportamiento “regular” que han optado. En la vereda Unión Alta, los campesinos de todas maneras pierden lo animales con el Ejército, pues le dicen: “si no nos dan las gallinas y lo cerdos, se los matamos”. También les han quemado los aparejos de las mulas y las guadañadoras, especialmente en las veredas Martillo Alto y Bajo y Las Lajas.

En ocasiones miembros del Ejército se ha hecho pasar por la guerrilla del ELN, para agredir a la gente. Fue el caso sucedido a un conciliador de Junta de Acción Comunal, se hicieron pasar por miembros de la guerrilla, se le comieron las gallinas y le hurtaron una olla. A los pocos días, a esa misma finca llegó un Mayor, le tomó fotos al ganado y le dijo al propietario que ese ganado era de la guerrilla, y antes de marcharse se le llevó la mula.

A finales de julio, la Brigada Móvil No. 15, retuvo a dos jóvenes, a quienes obligó a cargarles los equipos de campaña hasta donde estaba el campamento militar, mientras tanto, les quitaron las mulas que llevaban.

Igual suerte corrió el presidente de la vereda El Rosario (Teorama), a quien miembros del Ejército le quitaron dos mulas y no se las devolvieron. Una la perdió definitivamente y la segunda la recuperó porque la comunidad de San Juancito la encontró y se la entregaron.

    4.6.    Uso de bienes civiles

Otra práctica irregular de miembros de la Fuerza Pública en las comunidades visitadas, es el uso de bienes de la población civil, violando por un lado, el derecho a la intimidad, pero también las normas del Derecho Internacional Humanitario, poniendo en riesgo la seguridad de la gente, en la medida que se encuentran en medio de un conflicto armado. El uso indebido de las casas, las escuelas y los semovientes, es frecuente.

Cuando el Ejército llegó al corregimiento de Honduras, se tomó la finca de un campesino y la convirtió en centro de operaciones. Eso le generó problemas como el presentado el 13 de julio, cuando a la casa dejó de llegar el agua; ante ello la hija del señor se fue buscando dónde era el daño y encontró que miembros del Ejército habían desconectado la manguera y hacían uso del agua. Ante el descubrimiento de la joven, ésta fue amenazada que si les pasaba algo, era responsabilidad de ella.

En ese mismo contexto, durante un mes largo, miembros del Ejército estuvieron ubicados en el lugar de nacimiento del agua que surte el “acueducto” del caserío de Honduras, ello implicó que la comunidad tuviera que consumir agua contaminada y deshechos orgánicos dejados por los militares.

En la vereda Mata de Piña no había agua cuando el Ejército llegó, así que utilizaron a los habitantes para que fueran a una hora de camino y les trajeran el agua. Hecho abiertamente violatorio del DIH.

Igualmente se denunció la utilización de las casas por parte de miembros de la Fuerza Pública para cocinar, dejando todo el armamento en el piso sin importar la cantidad de niños que habitan en dichas viviendas campesinas.

El 26 de junio, miembros del Ejército llegaron a la vereda Mata de Caña, allí mandaron a llamar la Junta de Acción Comunal y obligaron a sus miembros a abrir la tienda comunitaria. Pasados casi un mes, regresó  otro grupo del Ejército al mando de un Coronel y esta vez no obligó sino que rompieron el candado y abrieron la tienda comunitaria.

En los primeros días del mes de mayo, miembros de la Brigada Móvil No. 15, ingresaron a la vereda El Rosario. Un día, retuvieron al presidente de la Junta, lo obligaron a ir al corregimiento La Cecilia, (cuatro horas a pie), para que les comprara el mercado. Ante esa orden el campesino les dijo que si podía llevar la mula y le dijeron que no, pero además que no se fuera a demorar porque le iría muy mal. El señor se tuvo que ir a pie y luego regresar (subir la montaña) con todo el mercado al hombro sin comida ni nada. Cuando regresó se burlaron de él.
 
El 8 de agosto en el corregimiento San Juancito, dos soldados de la Brigada Móvil No. 15, vestidos de civil, le quitaron dos mulas que llevaban dos niñas campesinas, luego de tres horas se las regresaron.

En el mes de mayo, en la vereda Mundo Nuevo, el Ejercito se tomó la casa de un campesino y le dijeron “así como la guerrilla está en las casas, nosotros también”.

En Puerto Oculto, el 13 de agosto, hombres de la Brigada Móvil No. 15 se tomaron la escuela veredal, aún estando los niños allí, sin importar el reclamo de los habitantes. Allí también obligaron a la auxiliar del restaurante a lavarles la ropa (al Ejército). Permanecieron 15 días en la escuela. Se fueron, pero en los días de la Misión Humanitaria, los habitantes informaron que nuevamente estaban en la escuela. Preocupa que utilicen los baños de los niños y niñas y a estas últimas les intimida entrar en ellos, pues siempre encuentran a los militares haciendo uso de ellos. Además del riesgo que corren si se llega a presentar un enfrentamiento armado.

    4.7.    Bombardeos y ametrallamientos

La llegada de las Brigadas militares a la región ha sido acompañada de ametrallamientos y bombardeos indiscriminados. Así, los campesinos se han visto en medio de inmensos operativos, tratando de protegerse debajo de los techos. Si bien es una práctica que se ha hecho común en toda la región desde comienzos del año anterior, los testimonios dieron cuenta de los más recientes:

Los habitantes de Honduras expresaron la angustia y preocupación que han vivido por los permanentes ametrallamientos y bombardeos realizados por la Fuerza Pública en zonas pobladas, especialmente en el momento que llegaron al corregimiento, poniendo en riesgo a la población y sus bienes. Por ejemplo, en la vereda Puerto Oculto (Honduras), el sábado 9 de junio, las bombas cayeron muy cerca a la casa de habitación del señor García y su familia; el 10 de junio en proximidades de la casa de la familia Clavijo Téllez y el 11 de junio a escasos metros de la casa de a familia Portillo, así como de las fincas de los señores Ardila y  Contreras.

Así mismo se dio a conocer que el 17 de julio fueron bombardeadas las veredas Pedregosa (Teorama) y Cartagenita (Convención), en una clara violación de las normas del derecho internacional humanitario, las cuales exigen a las partes en conflicto distinguir a la población civil y no involucrarla, protegiendo en todo caso su integridad física y la de sus medios para la subsistencia.

Las comunidades de Mundo Nuevo y la Pedregosa también denunciaron los momentos dramáticos que han vivido como consecuencias de los bombardeos que realizó la Fuerza Pública en el mes de junio, donde las bombas cayeron en zonas próximas a las casas.

Situación similar vivieron las comunidades del Rosario, Vegas de Oriente y San José de Vegas (Teorama) los días, 14, 19 y 20 de agosto,  cuando soportaron fuertes bombardeos, prolongados por muchas horas. El resultado fue: al menos nueve casas averiadas, el pánico de la gente y el desplazamiento de varias familias hacia Teorama y la quema de un filo (pequeña montaña) como efecto de las bombas racimo que lanzó el Ejército.

    4.8.    Empadronamiento y toma de fotografías

Si bien para la Fuerza Pública es cuestión de rutina tomarle fotografías, filmar y hasta tomarle fotos a los documentos de identidad de los campesinos; este comportamiento es violatorio del derecho a la intimidad, honra y reputación. A pesar de que la Corte Constitucional, mediante el la Sentencia C-1024, declaró inexequibles varios artículos del Decreto 2002 de 2002, conocido como “zonas de rehabilitación y reconciliación”, entre ellos, el empadronamiento, capturas, registros, allanamientos sin autorización judicial previas, entre otras; en el Catatumbo, es una práctica corriente contra los campesinos.

Bajo dichas condiciones, la relación que se genera entre miembros de la Fuerza Pública y la población es de desconfianza mutua. Así la mala fe y la sospecha generalizada sobre los campesinos, es un comportamiento permanente de miembros del Ejército (contrario a los preceptos del artículo 83 de la Constitución Política), convirtiéndose en el marco referencial para actuar en contra y no en favor del ciudadano, como es el mandato de los servidores públicos.

Según los habitantes, cuando el Ejército llegó al corregimiento Honduras, empadronó todo el caserío y obligó a los habitantes a dar sus datos. Desde ese momento, a todos los campesinos que llegan de la zona rural (veredas) los investigan, y en muchas ocasiones les riega lo que llevan en las mulas y los maltratan tildándolos de guerrilleros. Es el caso de un campesino que llevaba la comida para la tienda comunitaria de las veredas Culebritas y Dos Quebradas.

En el mes de mayo, el Ejército llegó a la vereda Tiradera, del corregimiento El Aserrío y luego de saludar a la población procedió a empadronarla toda, guardando en su poder el registro de todos los  habitantes.

En la vereda la Pedregosa del corregimiento San Juancito, miembros de la Brigada Móvil No. 15 les retuvo la cédula a todos los habitantes y las fotografiaron. Durante el mes de julio igual situación vivieron los habitantes de Mundo Nuevo, pues les tomaron foto a todas las familias, excepto los niños. Según los habitantes, ellos temen que esas fotografías sean entregadas a informantes para organizar detenciones arbitrarias y seguir mostrando “falsos positivos”.

El sábado 7 de julio, el Ejército ingresó a la vereda La más Verde y revisó las viviendas una por una. En ellas tomaron los nombres de cada miembro de las familias (empadronamiento), igualmente la marca de todas las bestias y ganado.

De acuerdo a los testimonios, la actitud de los militares hacia la población es tan humillante y vejatoria a su calidad de seres humanos colombianos, que por ejemplo en un retén ubicado en la finca La Esperanza en Mundo Nuevo, la gente no los puede mirar a los ojos; les revisan todo y les hacen desnudar. A los campesinos constantemente les dicen que tienen cara de guerrilleros.

Según los campesinos, los habitantes de todas las veredas y corregimientos del Catatumbo ya están fotografiados, como es el caso del corregimiento El Aserrío, San Juancito, Mundo Nuevo, La Pedregosa, San José de Vega, El Porvenir, entre otras.

    4.9.    Bloqueo de alimentos

Además de las violaciones a los derechos civiles y políticos de las comunidades del Catatumbo, el Ejército ha impuesto unos controles tan drásticos para el tránsito de alimentos, que está violando los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a la alimentación, a la salud y al trabajo.

Es importante resaltar que tales comunidades son extremadamente pobres. Se trata de hogares muy grandes (un promedio de 8 personas por familia) con gran cantidad de niños. Viven en zonas muy alejadas de las áreas más urbanas o caseríos; por tanto, comprar alimentos y demás productos de la canasta familiar, es de por sí una proeza, pues deben pagar transportes costosos y requerir de jornadas largas para trasladarlos. Sumado al mal estado de las vías y la precariedad de los medios de transporte. Por tanto, agregarle más asfixia a la, de por sí, mala calidad de vida de los campesinos, es una perversidad violatoria de todo precepto humano.
 
En ese contexto, según los testimonios, las comunidades que vienen siendo más afectadas para el paso de alimentos y materiales diversos por parte del Ejército son: Llanos Altos, Veguitas, La Cristalina, La Bogotana, Aguas Claras, Playas Ricas, La Florida y Playas Lindas, zonas rurales del municipio de El Carmen.

Así mismo, en la vía Curumaní –El Bobalí, se pueden pasar mercados máximo de 200 mil pesos y dejando fotocopia de la cédula. Según los habitantes, eso es injusto si se tiene en cuenta que las familias son muy pobres y no cuentan con recursos para salir y entrar varias veces al mes, por lo costoso del transporte; además un mercado de 100, 150 y máximo 200 mil pesos es pequeño para la cantidad de personas que componen los hogares.  También se han visto afectadas, las costumbres solidarias y de hermandad entre los campesinos, quienes ya no pueden comprarle “encargos”, es decir, víveres y alimentos a sus vecinos cuando salen al pueblo, pues el Ejército no permite más de un producto en cada compra. También impiden la entrada de materiales de construcción.

Igual se denuncia del retén militar ubicado en el sitio conocido como Carrizal, entre el corregimiento Cartagenita y La Trinidad (Convención). Allí a todos los pasajeros les retienen la cédula y se la llevan por un tiempo largo; y son sometidos a verdaderos interrogatorios.

La comunidad de Honduras por su parte denunció que el Capitán, quien estuvo al frente del Ejército cuando entró a Honduras, no permitía la entrada de alimentos a la zona rural y colocaba como condición la entrega de un listado con todos los habitantes de la zona. Igualmente le decía la gente que “hay un Plan de las Autodefensas para atacar pero que confiaran en el Ejército”. Esto contrasta con el testimonio de campesinos que aseguran que cuando el Ejército entró a la vereda Veguitas, amenazó con la llegada de las “Águilas Negras” y dejó pintas en las paredes.

5.    Otros hechos denunciados

    5.1.    Minas antipersonales

Otra problemática expresada por los habitantes es la relacionada con las minas antipersona, las cuales han cobrado bastantes víctimas silenciosas. Son muchas las fincas que han sido minadas y los campesinos no pueden prácticamente hacer uso de ellas por el peligro que corren. De hecho, en el momento en que la Misión se encontraba en el corregimiento de San Juancito, explotó una en una finca muy cercana, siendo un toro la víctima y hacía 10 días en el mismo predio, otro animal resultó muerto.

Las comunidades denunciaron que tales minas han sido colocadas por la guerrilla; sin embargo, afirmaron que en algunas oportunidades algunos miembros del Ejército han cambiado de lugar las mismas, en vez de quitarlas completamente, poniendo aún más en riesgo la integridad física de los pobladores.

    5.2.    Cierre de Iglesias

De acuerdo a los testimonios de los campesinos, las iglesias evangélicas también se han visto afectadas por la guerra. Ejemplo, en San Juancito desde hace 18 meses, tuvo que ser cerrada la iglesia por orden de las FARC quien amenazó a los pastores si la volvían a abrir.

6.    Recomendaciones

En la medida que la Misión visitó la región para atender el llamado de las comunidades quienes querían expresar sus quejas por los atropellos que vienen sufriendo; se concluye que efectivamente los campesinos dieron cuenta de muchos casos de abuso de autoridad, de exceso de fuerza y comportamiento irregular por parte de las tropas del Ejército en las zonas visitadas. Por tanto, se hacen las siguientes recomendaciones a las autoridades locales, regionales y nacionales:

Al gobierno nacional y departamental:
-    Garantizar el ejercicio de los plenos derechos civiles y políticos de los habitantes de la región del Catatumbo.
-    Garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los habitantes del Catatumbo.
-    Garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos del niño de las Naciones Unidas, firmada por el gobierno Colombiano – ley 12 de 1991
-    Hacer efectivas las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especialmente las relacionadas con la prevención y protección de la población civil; el Estado de derecho y la impunidad; las políticas económicas y sociales.

A la Procuraduría General de la Nación:
-    Investigar a los funcionarios públicos que se hayan visto involucrados en los atropellos y violaciones a los derechos humanos expresados por la comunidad, y tomar las medidas disciplinarias correspondientes.

A la Fiscalía General:
-    Iniciar y/o continuar los procesos de investigación por los presuntos crímenes que se vienen cometiendo contra campesinos de la región del Catatumbo.

A la Defensoría del Pueblo
-    Hacer un acompañamiento más cercano a las comunidades del Catatumbo, para que sus derechos no sean vulnerados por los actores armados presentes en la región.
-    Garantizar un acompañamiento a los niños y niñas de la región del Catatumbo, que están siendo afectadas con el hostigamiento en sus veredas a través de: la toma por parte de la fuerza publica de las escuelas rurales para su permanencia,   interrogatorios a niños y niñas, desplazamiento forzado de familias incluidos niños y niñas, bloqueo de alimentos afectando la nutrición de niños y niñas, y afectación psicosocial de niños y niñas al ser hostigados por la fuerza publica.

A los personeros municipales
-    Cumplir cabalmente con su función de recibir y tramitar las quejas de los ciudadanos en materia de Derechos Humanos, de manera tal que el tránsito de una queda de como resultado la protección efectiva de sus derechos vulnerados.

A la Fuerza Pública
-    Cumplir con la obligación constitucional de respetar y proteger en todo momento a la población civil, y prevenir violaciones a sus derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
-    Respetar y proteger los establecimientos protegidos por el derecho internacional humanitario, como escuelas, viviendas, centros de salud y centros comunitarios en toda la región del Catatumbo.

A la MAPP de la OEA
-    Intensificar el monitoreo en todos los Municipio de la región del Catatumbo, para verificar la existencia o no de grupos emergentes de paramilitares.

A la comunidad internacional
-    Al Sistema de Naciones Unidas, gobiernos amigos y agencias de cooperación internacional, hacer un acompañamiento más cercano a la comunidad del Catatumbo en su proceso de recomposición del tejido social y organizativo; así como incidir ante el Estado colombiano para garantizar la protección de los derechos humanos.

Este informe tiene como autoría a:

-    Fundación Progresar (Seccional Cúcuta)
-    Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Seccional Bucaramanga)
-    Asociación MINGA

Este documento es apoyado por:

-    Consejería en Proyectos PCS
-    Christian Aid Reino Unido Irlanda
-    Terres des Hommes Italia
-    Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia REDHER
-    Proyecto de Ayuda Solidaria con Colombia PASC Canadá


Bogotá, octubre de 2007
Modificado el ( viernes, 09 de noviembre de 2007 )
 
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