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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
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Informe ejecuciones extrajudiciales. PDF Imprimir E-Mail
Escrito por CISCA   
viernes, 04 de abril de 2008
ImageMuerte de campesinos miembros de  comunidades, normalmente afiliados a las Juntas de Acción Comunal, a quienes el Ejército presentaba como “dados de baja en combate”. Dado que se trata de zonas rurales y apartadas de los centros urbanos, no es posible tener la información completa de todos los casos; sin embargo, por fuentes primarias (familiares y comunidad) se conoce de al menos 46 víctimas de esta práctica irregular del Ejército – asesinato en persona protegida - o popularmente conocida como “falsos positivos”, en el Catatumbo y 26 en el Putumayo.

INFORME EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.
Asociación Para La Promoción Social Alternativa MINGA
Abril de 2008


1. REGIÓN DEL CATATUMBO (NORTE DE SANTANDER) COLOMBIA


Entre noviembre de 2005 y enero de 2006, las Brigadas No. 30 y Móvil No. 15 iniciaron operaciones en la región del Catatumbo, lo que implicó un aumento considerable de efectivos y operaciones militares. Ingresaron primeramente por la parte Baja de la región (Tibú y El Tarra), para posteriormente hacer lo propio en la parte Media y Alta. En la medida que se fueron posicionando territorialmente, se incrementaron las quejas y denuncias de las comunidades por las violaciones de derechos humanos, (señalamientos, torturas, bloqueo de alimentos, extorsiones, violaciones al DIH, pillajes) cometidas por miembros de la Fuerza Pública.

Gran parte del comportamiento irregular de las tropas estatales fue denunciado ante Personerías, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y también ante la opinión pública. Los resultados han sido ciertamente precarios. De esta forma se ha legitimado aún más la desconfianza de las comunidades en las instituciones estatales de control y defensa de los derechos humanos.

En ese marco, también se empezó a presentar paulatinamente la muerte de campesinos miembros de estas comunidades, normalmente afiliados a las Juntas de Acción Comunal, a quienes el Ejército presentaba como “dados de baja en combate”. Dado que se trata de zonas rurales y apartadas de los centros urbanos, no es posible tener la información completa de todos los casos; sin embargo, por fuentes primarias (familiares y comunidad) se conoce de al menos 46 víctimas de esta práctica irregular del Ejército – asesinato en persona protegida - o popularmente conocida como “falsos positivos”. En gran parte de los casos sus familiares han interpuesto acción legal dado que no se trataba de guerrilleros y todos fueron muertos a sangre fría, en un fingido combate, que según los testimonios no han pasado de unos cuantos disparos para simular el enfrentamiento. Tales hechos se han presentado mayoritariamente durante el 2007, dos casos en el 2006 y tres en lo corrido del 2008, según las denuncias presentadas.

El 90% de tales presuntas ejecuciones se han atribuido a la Brigada Móvil No. 15, que estuvo bajo el mando del Coronel Santiago Herrera Fajardo desde el segundo semestre de 2006 y el 2007. Se asimila a esta cifra de posibles ejecuciones extrajudiciales con los resultados de las operaciones militares mostrados por el General Paulino Coronado, comandante de la Brigada No. 30, y el Coronel Santiago Herrera, según la cual durante el 2007 murieron en combate 51 guerrilleros .

Image1.1.    Modus Operandi                                                                                           

En general todos los casos denunciados por los familiares y la comunidad, tienen las mismas características en el modo en que actuaron los miembros de la Fuerza Pública. La totalidad de los campesinos muertos son hombres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 44 años. Igualmente la mayoría eran padres de familia y algunas numerosas. Las víctimas eran personas reconocidas por sus comunidades y hacían parte de la Junta de Acción Comunal Veredal.

Los campesinos fueron retenidos cuando transitaban solos por el camino de un pueblo a otro, o muy cerca de la casa y el surco, de donde se puede deducir que se busca evitar la presencia de algún testigo de la detención y posterior asesinato. Incluso algunos han sido ejecutados en su propia casa, aprovechando su soledad, como es el caso de Jorge Eliécer Ortega Bonet y Luis Carlos Martínez, donde igualmente se han simulado grandes operativos. El señor Martínez por ejemplo, era un campesino extremadamente pobre, trabajador, viudo y muy querido en la comunidad; vivía solo en su ranchito y sus seis hijas mujeres, algunas menores de edad, quienes se encuentran en Ocaña estudiando y trabajando.

Siempre, luego de la simulación de los combates, el Ejército acordona el lugar, no deja entrar a nadie, no da razón ni siquiera a los presidentes de Juntas que son las autoridades políticas en sus veredas y corregimientos, tampoco a las autoridades civiles como Alcaldes. Posteriormente llega el helicóptero militar y el cuerpo es trasladado a las ciudades de Ocaña y Cúcuta, donde sus familiares deben ir a reclamarlos y allí les dicen que fueron muertos o dados de baja en combate, a pesar que toda la comunidad sabe cómo sucedieron los hechos.

Un caso emblemático es el del joven Villamil Rodríguez Figueroa, quien fue retenido por el Ejército con el argumento de que estaban haciendo reclutamiento, pero luego, caída la noche, se lo llevaron monte adentro y allí al amparo de la oscuridad y la lluvia le dispararon a quemarropa. Sin embargo, Villamil no murió pues las balas dieron todas en un brazo y aprovechando el descuido y despreocupación de los soldados, dado que lo daban por muerto, huyó. Este muchacho, después de soportar dos meses en un hospital y varias cirugías en su brazo, se encuentra detenido injustamente, enfrentando un proceso judicial inconsistente y con informantes falsos.

Las investigaciones penales por estos hechos las adelantan funcionarios de  la justicia penal militar y en menor medida fiscales seccionales de Ocaña y Cúcuta, sin que haya habido en ninguna de estas impulsos ciertos ni actividades probatorias dirigidas a esclarecer estos crímenes, por lo que no se  ha privado de la libertad a ninguno de los presuntos responsables de las ejecuciones extrajudiciales.   

1.2.    Audiencia Pública

Misiones humanitarias, audiencias locales e interlocución directa entre los campesinos con el Ejército se han realizado en la región para exigir que cesen tales hechos. Pero ninguno de estos reclamos fueron considerados, y no hubo respuestas ni compromisos claros. Ante ello, la impotencia y desesperanza de ver caer uno por uno a sus campesinos, las Asociaciones de Juntas reunidas en el Comité de Integración Social del Catatumbo CISCA,  convocaron la Audiencia Pública  que llamaron “Encuentro por la Vida y el Territorio”,  el 6 de diciembre de 2007 en Ocaña . Allí el Ejército escuchó a los campesinos y se acordó hacerle seguimiento a los casos denunciados. Sin embargo, después de la Audiencia en mención, se han presentado al menos cinco hechos de tales características.

2.    EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN EL DEPARTAMENTO DEL     PUTUMAYO, FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA.

Diversos factores histórico-estructurales, el marginamiento estatal y las condiciones geopolíticas, han creado un escenario favorable para diversos intereses nacionales e internacionales, legales e ilegales, los cuales son disputados a sangre y fuego afectando profundamente la vida de las comunidades ubicadas en esta frontera andino - amazónica.

Particularmente la región se ha convertido en área estratégica para el establecimiento de circuitos de procesamiento y tráfico de coca, y como centro de operaciones estratégicas de los distintos los grupos armados. En el departamento de Putumayo se desarrolla desde hace más de ocho años una guerra entre las fuerzas armadas regulares del Estado , la guerrilla de las FARC   y los grupos paramilitares , por el control del territorio y de los recursos energéticos. La principal víctima de esta guerra ha sido la población civil de la región. Este conflicto se dinamiza y se alimenta con el narcotráfico y la economía de la coca, a través de nuevas estructuras de violencia privada, dejando a las comunidades en una abierta vulnerabilidad.

Los operativos que permanentemente realiza la Fuerza Pública y las acciones específicas encaminadas a garantizar la aspersión aérea y la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, han afectado sistemáticamente los derechos de la población. Las organizaciones sociales han denunciado comportamientos irregulares de los efectivos de las fuerzas armadas, como son las violaciones a niños y niñas, el señalamientos a los y las líderes de las comunidades, la estigmatización de las organizaciones comunitarias, detenciones arbitrarias, torturas, robos, ocupación de escuelas y centros comunitarios en clara violación al DIH y presuntas ejecuciones extrajudiciales.

Entre agosto del 2006 y lo que va corrido del 2008, se han denunciado por parte de familiares y organizaciones comunitarias, al menos 26 presuntas ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos colombianos y 2 de ciudadanos ecuatorianos, atribuidas de manera genérica al Ejercito Nacional, y de manera particular a la Brigada Móvil 13, el Batallón Contraguerrilla No. 87, la Brigada de Selva No.27 y al Batallón Energético y Vial No. 11. Las personas muertas son reconocidas por sus comunidades como indígenas y campesinos, pertenecientes a Resguardos Indígenas, Juntas de Acción Comunal y otras formas asociativas comunitarias. Los familiares y/o comunidades han denunciado que en general, las personas presuntamente ejecutadas, fueron detenidas por la fuerza pública, en sus viviendas o en los caminos veredales, posteriormente se escuchan disparos que simulan combates y en helicóptero los cuerpos son trasladados a la morgue de Puerto Asís, donde son presentados con prendas privativas del ejercito o prendas diferentes a cuando fueron retenidos e identificados como N.N. (desconocidos) guerrilleros muertos en combate.

A este informe se anexaron las listas de los presuntos campesinos víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública. 

Modificado el ( domingo, 05 de octubre de 2008 )
 
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