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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
Inicio
Declaración Encuentro Regional Sobre Cultivos de Uso Ilícito PDF Imprimir E-Mail
Escrito por CISCA   
lunes, 26 de mayo de 2008

Imagen de muestra


El Tarra, Catatumbo – Norte de Santander
Mayo 23 y 24 de 2008

Los delegados de las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal, de Mujeres, de Desplazados; los gremios, las organizaciones de economía solidaria, los grupos de jóvenes, articulados en el Comité de Integración Social del Catatumbo - CISCA, nos reunimos durante dos días en el municipio de El Tarra,  para analizar y reflexionar sobre  los cultivos de uso ilícito.

 

Diagnóstico del Problema


Responsabilidad Estatal


1.    La región del Catatumbo ha vivido un histórico abandono por parte del gobierno colombiano, hecho que ha empeorado la crisis de la economía campesina, entre otras, por falta de acceso a créditos, ausencia de acompañamiento técnico, pésimas condiciones de infraestructura, políticas de gobierno encaminadas a favorecer a los empresarios del campo, además de una grave situación en salud y educación. Estas circunstancias han sido profundizadas por un contexto de guerra que ha golpeado a las comunidades en sus vidas, su estabilidad en el territorio, todo lo cual ha creado condiciones favorables para que muchas familias recurran a los cultivos de uso ilícito como una de las principales fuente de ingresos.

2.    Mientras tanto, la administración central sitúa al Catatumbo como una región interesante para la explotación de sus recursos naturales. En ese contexto, el gobierno nacional y las empresas multinacionales encuentran en el Catatumbo una serie de obstáculos para la explotación de esos recursos,  entre ellos: el medio ambiente, las comunidades indígenas  y sus territorios colectivos, las familias campesinas y sus organizaciones sociales. Para remover esos obstáculos,  el gobierno ha identificado  en los cultivos de uso ilícito y en general en  la economía de la coca, una excusa ideal para justificar la militarización, la fumigación y el desplazamiento forzado de la población.

3.    Por las anteriores razones, las comunidades señalamos que,  el Estado no puede omitir su responsabilidad constitucional de ser garante de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, de esta parte de Colombia. Por  tanto,  seguiremos  exigiendo de éste el cumplimiento de nuestros derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, pero no a cambio de la sustitución de la coca, porque tal sustitución no superará el abandono histórico al que ha estado sometida la región.


Cultivos de uso ilícito


1.    La economía de la coca ha generado descomposición social en parte de la  juventud, que se encuentra  desmotivada para trabajar lo comunitario y para continuar su formación académica.


2.    Ha incrementado la deserción escolar, pues muchos niños y jóvenes van a ayudar a sus padres en los cultivos.


3.    Fomenta el individualismo, dificultando la concientización de las personas hacia el trabajo comunitario y el fortalecimiento organizativo.


4.    La cultura de la coca crea dificultades para el trabajo organizativo pues se ha ido perdiendo la identidad regional y el sentimiento de pertenencia al territorio.


5.    Con el cambio que se dio de cultivos de pan coger por coca, se ha ido acabando con la seguridad alimentaria y se han venido dejando de lado las reuniones y espacios para discutir la problemática respecto al desarrollo social.


6.    Distorsiona la economía local, pues población económicamente activa  no quiere trabajar en oficios en los que reciben un jornal inferior al que perciben en la economía de la coca, afectando el abastecimiento agroalimentario regional y la economía campesina.


7.    La coca no es fuente de desarrollo  social para la región, por el contrario con los cultivos de uso ilícito se van destruyendo las costumbres y tradiciones familiares que son la base del desarrollo social.


8.    La coca genera intereses particulares en desmedro de los colectivos, crea división, fomenta la violencia y cobra un alto precio en las comunidades como son las muertes violentas.


9.    La economía de la coca ha resquebrajado la unidad familiar, el tejido social y comunitario, ha incrementado los costos de vida para las familias sean o no cultivadoras de coca.


10.    La economía de la coca genera graves problemas ambientales de los cuales somos, en gran parte, responsables, lo cual también es un atentado contra la vida y el territorio.

Planteamientos sobre alternativas


Dado que se debe preservar la unidad del territorio y de sus comunidades,  y teniendo en cuenta que existe una organización social que lidera la discusión sobre la problemática regional,  las propuestas alternativas a la coca y en general para el desarrollo, deben tener también un carácter regional. Como consecuencia, no se deben hacer negociaciones o pactos locales o veredales con entidades ejecutoras de políticas de desarrollo alternativo o con el mismo gobierno nacional. Esta metodología de traer pequeños proyectos, divide a las comunidades, genera impactos precarios frente a la naturaleza del problema y puede engendrar males peores para la región, que los que está produciendo la misma economía de la coca.


Consideramos que ante la complejidad de la problemática que ha sido diagnosticada en este encuentro, las propuestas que han surgido no están aún suficientemente desarrolladas y como tal, no son todavía lo suficientemente contundentes y claras para alcanzar una solución real y regional a tales problemas. En consecuencia, es compromiso de las comunidades  continuar la reflexión, la generación de espacios de encuentro, y el proceso organizativo, todo  en aras de mejorar las propuestas y poder estructurar el plan de vida que sea el soporte para el futuro de la región.


Entre tanto, nos proponemos  congelar o estabilizar, temporalmente, las áreas cultivadas de coca y a la vez incentivar cultivos de pan coger y garantizar el abastecimiento agroalimentario de la región.


Del encuentro, ha quedado establecido que no aceptamos que la existencia de la coca en la región, sea una razón válida que justifique la permanente violación de nuestros derechos humanos y especialmente el de permanecer en nuestro territorio.


Dentro del proceso de crear alternativas se observa como fundamental la existencia de recursos naturales estratégicos en la región. Sin embargo, los modelos de explotación a través de economías extractivas no generan una  fuente de desarrollo regional, como lo quiere mostrar el gobierno nacional y las empresas nacionales y transnacionales.


En consecuencia, estamos en contra de la privatización y explotación irracional de nuestros recursos naturales, en el sentido de que se genere un crecimiento económico que se traduzca en riqueza para unos pocos inversionistas y pobreza, abandono y serios e irreversibles impactos ambientales y sociales, para la mayoría.


Así mismo rechazamos las fumigaciones de los cultivos de coca porque son una estrategia para generar desplazamiento forzado, pobreza y destrucción ambiental. Además de los impactos negativos y agravados para el medio ambiente,  las aspersiones de químicos peligrosos no han sido una salida a la problemática; como tampoco lo es el programa de familias guardabosques,  pues se ha demostrado su absoluto fracaso como política antidrogas en el país.


La defensa del territorio ha sido una bandera principal de nuestro trabajo organizativo, pues este significa la existencia y reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y sectorial y por tanto, el sustento de nuestra economía y desarrollo.


En tal sentido, rechazamos que El Catatumbo sea estigmatizado, por parte del gobierno nacional, como región cocalera al servicio del crimen, legitimando de esta manera intervenciones de carácter militar, desconociendo la existencia de sus comunidades, la validez y legitimidad de su economía campesina, de los territorios colectivos y la identidad cultural que ha surgido de la diversidad de sus habitantes.


De igual manera, consideramos inaceptable que el gobierno nacional le dé un tratamiento de seguridad militarizada a la  región del Catatumbo, buscando favorecer al gran capital, como la fuente de afirmación de la legitimidad del Estado. A diferencia de este enfoque mezquino y depredador, lo que se necesita para enfrentar las problemáticas actuales, son políticas de carácter social y de desarrollo sostenible, económica y ambientalmente, del cual se beneficie el conjunto de sus pobladores. De igual forma, se requiere fortalecer la democracia local, lo que incluye mejorar el papel de las alcaldías en el proceso de desarrollo regional y la participación de las comunidades en las decisiones que afectan su futuro.


El Tarra, 24 de mayo de 2008

Modificado el ( viernes, 30 de mayo de 2008 )
 
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