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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
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Las Ejecuciones Extrajudiciales continúan PDF Imprimir E-Mail
Escrito por Administrator   
domingo, 05 de octubre de 2008
En octubre de 2007, la Misión Internacional de Observación de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido revisó las ejecuciones extrajudiciales registradas hasta el momento en el país y descubrió que todas obedecían a un mismo patrón

 Revista Cambio

El lunes 29, en reunión de urgencia en el Ministerio de Defensa, el ministro Juan Manuel Santos, el defensor del Pueblo Vólmar Pérez, el fiscal Mario Iguarán, el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau y el vicepresidente Francisco Santos analizaron el caso de los 11 jóvenes desaparecidos en Soacha a principios del año y cuyos cadáveres, presentados en su momento  por el Ejército como muertos en combate, fueron encontrados hace pocos días en Ocaña y Cimitarra.

A la salida de la reunión, el Vicepresidente no pudo ocultar su indignación. No le faltaba razón. Había conocido tres alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo según las cuales desde 2007 se estaban presentando reclutamientos forzados y desapariciones en la zona, y las autoridades no habían tomado medidas.

Santos anunció una investigación "hasta las últimas consecuencias", que deberá adelantar la Fiscalía y cuyo objetivo es establecer qué grupo está detrás del reclutamiento de jóvenes, si en el caso están involucrados miembros del Ejército y por qué las autoridades competentes no tomaron medidas al respecto.

CAMBIO conoció el informe de riesgo No. 012 de 2007 y las notas de seguimiento 048 de 2007 y 024 de 2008, dirigidas a la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, el Programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, el Ministerio del Interior, Acción Social y al Alto Comisionado para la Paz, lo mismo que a las autoridades civiles  de Norte de Santander.

La nota 012 de 2007, enviada el 31 de mayo, alertaba sobre el hecho de que paramilitares y grupos guerrilleros estaban intentando imponerse en la comuna cuatro de Ciudad Bolívar mediante castigos y formas de control social que podrían causar desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados. "En síntesis -dice el informe-, el nivel de riesgo de violaciones masivas a los derechos humanos es catalogado como alto". Un año más tarde, en la nota 048 del 23 de julio, la Defensoría dice que desde el interior del país están trasladando jóvenes hacia Tibú con promesas de "trabajo remunerado no especificado".

Los reclutamientos continuaron y, según investigadores de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, todo indica que el caso de los 11 jóvenes que aparecieron muertos en Norte de Santander corresponde a esta situación. Según uno de los investigadores, lo que hasta ahora han podido establecer es que ninguno de los 11 jóvenes tenía antecedentes penales y que no pertenecían  a bandas, pandillas, 'parches' o a algún tipo de organización criminal. Por eso los esfuerzos están concentrados en descifrar qué quisieron decir los jóvenes cuando les dijeron a sus familias que tenían que hacer "una vuelta". Hasta el momento han entrevistado a 25 personas pero ninguna ha sido vinculada a la investigación.

Otras alertas en el resto del país

La Defensoría no ha sido la única que ha advertido sobre reclutamiento de jóvenes y posteriores  ejecuciones extrajudiciales.  Javier Hernández, director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, sostiene que "patrones similares están revelándose y documentándose en varias localidades" como Toluviejo, Sucre. Hernández destaca que el Ministro de Defensa haya expresado en público y en privado  su compromiso con una política de tolerancia cero frente a cualquier violación de derechos humanos, y sostiene que los llamados incentivos o premios -descansos, medallas, compensaciones económicas- son válidos y legítimos con miras a la búsqueda de resultados. Pero cuando esta meta se busca por caminos ilegales, "hasta el más inocuo de los incentivos se convierte en combustible para la hoguera de las violaciones más graves de derechos humanos". El 10 de octubre, una misión de la ONU que investiga ejecuciones arbitrarias presentará su versión de los hechos.

El patrón  de las ejecuciones

En octubre de 2007, la Misión Internacional de Observación de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido revisó las ejecuciones extrajudiciales registradas hasta el momento en el país y descubrió que todas obedecían a un mismo patrón: el que se repitió en el caso de los jóvenes de Soacha.

1. En la mayoría de los casos, los jóvenes son capturados en forma ilegal en su casa o en el lugar de trabajo y conducidos al lugar de la ejecución.

2. En muchas ocasiones los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar de la ejecución.

3. La Fuerza Pública los reporta como dados de baja en combate.

4. Las víctimas aparecen muchas veces con uniformes y con armas.

 

 
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