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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
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Constancia pública sobre la audiencia pública en Ocaña PDF Imprimir E-Mail
Escrito por CISCA   
martes, 16 de diciembre de 2008
El pasado jueves 4 de Diciembre sesionaron las comisiones conjuntas de Derechos Humanos de Senado y Cámara, en la localidad de Ocaña, departamento del Norte de Santander, municipio que se ha convertido a fuerza de los hechos en el epicentro de la crisis de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, vivida en la región del Catatumbo, durante los últimos años. El Catatumbo, es un territorio de grandes extensiones, de vocación agropecuaria, con abundantes reservas, tanto en petróleo como en minerales, rica en recursos hídricos y biodiversidad. Situación a la que se encuentra asociada la grave y prolongada crisis de derechos humanos en la región durante la última década. Crisis que además se relaciona con su posición estratégica; la disputa territorial de actores involucrados en el conflicto armado, el financiamiento de la guerra ligado a factores como los cultivos de uso ilícito, la existencia de altos niveles de pobreza, la negación de derechos debido a factores estructurales y la escasa presencia del Estado.

El elevado número de víctimas civiles y entre ellos, dirigentes sociales dan fe que la barbarie paramilitar buscó destruir el tejido social y dejar al Catatumbo sin voz, allanando el camino para la súper - explotación de los recursos naturales y el narco tráfico.  La incursión paramilitar de 1999 y que fuera confesada abiertamente por Salvatore Mancuso, desde su sitio de reclusión en los Estados Unidos, genero la más grave crisis de gobernabilidad en toda la historia del departamento y la ausencia absoluta de las más mínimas garantías a la vida y la integridad de las comunidades,. Ante el temor diseminado a través de los homicidios, masacres, desapariciones y  torturas cometidas a lo largo del Catatumbo por los grupos paramilitares con la abierta colaboración de todas las autoridades, el desplazamiento del campesinado, en su afán por conservar la vida, fue masivo.

Fue así como cerca de 30.000 pobladores nativos de la región se vieron obligados a abandonar sus tierras según lo han denunciado las organizaciones sociales y de derechos humanos de la región. Esta tragedia humanitaria fue conocida internacionalmente en 1999 con las masacres de La Gabarra y Tibú ocurridas en ese tiempo, con un alto número de muertos y de desplazados. Posteriormente en 2001 y 2002 la expansión al medio y alto Catatumbo, generando otros desplazamientos masivos y muertes continuadas de pobladores, con lo cual los grupos paramilitares lograron posicionarse en las cabeceras municipales y tener el bloqueo de la región con puestos de control permanentes en puntos claves para la movilidad de los catatumberos. Desafortunadamente aún no existen datos precisos que cuantifiquen las pérdidas económicas y el colosal detrimento patrimonial, moral y humano, sufridos por los pobladores de la región.

Un número aproximado a las 300 denuncias por graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario se presentaron en la audiencia pública por la Verdad, celebrada el 4 de Diciembre, en la localidad de Ocaña, departamento de Norte de Santander, por más de seiscientos ciudadanos y ciudadanas asistentes, de toda la región del Catatumbo y la provincia de Ocaña.

Las denuncias radicadas dieron a conocer de la ocurrencia de muy graves delitos que van desde ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desaparición forzada, tortura desplazamiento forzado, bombardeos y campos minados en la región, que han ocasionado un grave perjuicio a las comunidades, que habitan el territorio y que han tenido que soportar este flagelo, en la mayor impunidad. La audiencia pública permitió evidenciar un muy grave patrón de agresiones en contra de la población civil por parte del Ejército Nacional, en particular, por parte de la Brigada móvil 15 y la Brigada 30, las cuales fueron duramente cuestionadas por numerosos hechos denunciados de violaciones a los derechos humanos, que se encuentran en la mayor impunidad y en grave riesgo de reincidencia.

“No queda la menor duda, luego de escuchar a más de 40 testimoniantes públicamente y de la radicación de 250 denuncias en privado, que la población civil en la región del Catatumbo, se encuentra en inminente riesgo y en grave peligro”

Hago un llamado al alto Gobierno Nacional, al Sr. Gobernador de Norte de Santander, al Sr. Fiscal General de la Nación, Dr. Mario Iguarán Arana, al Sr. Procurador General de la Nación, Dr. Edgardo Maya Villazón y a los organismos internacionales de derechos humanos, para que se brinden todas las garantías a los 40 testimoniantes, participantes de la audiencia pública, celebrada en Ocaña, el pasado jueves 4 de Diciembre de 2008, para que se respete su integridad y se dé un trámite expedito a sus reclamos de verdad, justicia y reparación.

De la misma manera, exijo al Ministerio de la Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía en el departamento de Norte de Santander, para que cesen las agresiones y los atentados en contra de la población civil en medio de las acciones armadas. De la misma manera, para que prosigan las investigaciones en contra de todos los responsables de estos actos, al interior de los cuerpos oficiales de seguridad.

Finalmente, hago un llamado a los grupos armados ilegales, que operan en el departamento del Norte de Santander, para que respeten la integridad de la población civil y en particular, se respeten las normas propias del Derecho Internacional Humanitario, conducentes a la salvaguarda de las personas protegidas, los bienes civiles y el territorio.


Firmado
Alexander López Maya
Presidente
 
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