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Riquezas Mineroenergéticas

Una región con grandes riquezas minero-energéticas que han despertado el interés de las trasnacionales

 

Nuestros muertos

Para el gobierno es seguridad democrática, para nosotros, los campesinos, son ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas y arbitrarias, bloqueo político y económico, desplazamiento..

 

Nos movilizamos

Frente al histórico abandono estatal, a la continua violación de nuestros derechos fundamentales, por la defensa de nuestro territorio y por una vida digna, nos organizamos, nos movilizamos, nos integramos.
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NO a las acciones de judicialización contra dirigentes de la Minga Social y Comunitaria PDF Imprimir E-Mail
Escrito por CISCA   
martes, 09 de junio de 2009

 Solicitud de audiencia preliminar con el fin de emitir órdenes de captura contra voceros de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria emite la Fiscalía General de la Nación

Prohibieron las garantías y el fin constitucional
Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar
Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar,
¡Prohibido olvidar!
Rubén Blades


ACCION PREVENTIVA 

SEGURIDAD DE MOCRATICA: JUDICIALIZA LA VERDAD Y  ABSUELVE LA SITEMATICA CRIMINALIDAD DE AGENTES DEL ESTADO
 
Evidencias del porte indebido de prendas de uso privativo de las fuerzas Militares por parte del soldado DANILO CHAPARRAL SANTIAGO.

Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo por los últimos acontecimientos en los que el Estado colombiano por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, pretende ordenar la captura de cinco autoridades indígenas del Cauca. De manera arbitraria y acusándolos de “delitos de secuestro agravado y lesiones personales agravadas”  la Fiscalía emitió solicitud de Audiencia Preliminar (orden de captura) contra la ex concejera mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca  AIDA MARINA QUILCUÉ, el ex concejero  FELICIANO VALENCIA, voceros de La Minga de Resistencia Social y Comunitaria, así como contra DANIEL PIÑACUE, Gobernador Indígena, JOSÉ DANIEL RAMOS YATACUE y MARIO YALANDA TOMBÉ, comuneros  pertenecientes a la guardia indígena.

Según la Fiscalía se ha iniciado investigación penal contra las autoridades indígenas por la denuncia interpuesta por  el Cabo del Ejercito DANILO CHAPARRAL SANTIAGO.  Este soldado  se infiltro en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, Piendamó,  el día 16 de octubre de 2008 y al ser indagado por las autoridades indígenas  se presentó como parte de la Minga y miembro de un cabildo,  luego reconoció  públicamente  ser Militar y tener la misión de infiltrarse como lo corroboro al exhibir públicamente evidencias de porte  indebido de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, radios de comunicación y documentos sobre armas y explosivos,  para ser enterrados en territorio indígena y propiciar futuros montajes judiciales  contra la Minga.

En presencia del plenario de la Minga, medios de prensa nacional e internacional y   autoridades como la Defensoría del Pueblo, se efectuó el juicio y la sanción del soldado CHAPARRAL SANTIAGO, a quien la comunidad sanciono con nueve fuetazos y la aplicación de un ritual de armonización y refrescamiento, que fue trasmitido por todas las cadenas televisivas nacionales y algunas internacionales.  

No es razonable que el Ejército Nacional infiltre en la Minga de resistencia social y comunitaria a uno de sus hombres para lesionar los derechos de las comunidades movilizadas, y hoy, en lugar  que la Fiscalía adelante un proceso de investigación  contra el soldado CHAPARRAL SANTIAGO  y  la  institución a la que pertenece para establecer los alcances del operación que tenia a su cargo?, quien le dio la orden?, con que fin? y cuales las intenciones reales?;  se termine judicializando a las victimas de estos hechos. Es improcedente que la jurisdicción ordinaria desconozca la jurisdicción indígena  ya que el procedimiento seguido  se dio en el marco de la aplicación del artículo 246 de la Constitución Nacional que reconoce la jurisdicción indígena dentro de su ámbito territorial.

Poner en evidencia la violación de derechos humanos que esconde la política de “Seguridad Democrática” del gobierno de Álvaro Uribe Vélez,  haber expuesto de forma franca, abierta y pública las críticas a su política económica,  develar los crueles hechos de los que han sido víctima los sectores organizados del país,  mostrarle al mundo las pruebas de los criminales actos de el Escuadrón Móvil Anti Disturbios de la Policía y otros agentes  del Estado en contra del pueblo colombiano y contra los integrantes de la Minga de resistencia social y comunitaria  y revelar la política lesiva de infiltración de  militares, policías y Organismos de Seguridad del Estado en las organizaciones y movimientos sociales se constituyen en las razones de la sistemática persecución contra la Minga de resistencia social y comunitaria.   La Seguridad democrática: judicializa la verdad y la rectitud de los pueblos indígenas frente al cumplimiento de su jurisdicción especial y  absuelve la sistemática criminalidad de agentes del estado.

Es pertinente recordar, el asesinato a manos de Miembros del ESMAD, del comunero TAURINO RAMOS, el día 16 de Octubre de 2008;  el Asesinato a manos del Ejercito Nacional de EDWIN LEGARDA esposo de la Concejera Mayor AYDA QUILCUE, el día 16 de Diciembre de 2008;  El asesinato de ROBERT DE JESUS GUACHETA Vicegobernador del Cabildo Honduras,  ocurrido a manos de grupos paramilitares  el 18 de mayo de 2009,  los hechos en los cuales más de 122  indígenas fueron heridos de gravedad, entre ellos cinco comuneros, que perdieron un ojo,   al ser utilizado por el ESMAD, gases lacrimógenos de uso no convencional, es decir, recargados con pólvora negra, tachuelas, balines, puntillas y vidrios.   

Para las organizaciones abajo firmantes es apremiante que la comunidad internacional se pronuncie, verifique las pruebas presentadas en los casos descritos, efectué una veeduría permanente sobre los procesos interpuestos ante las instancias judiciales internas, y que cada organismo de Naciones Unidas, OEA, OIT, aplique de acuerdo a sus mandatos y  normas internacionales las sanciones que garanticen que estos hechos no tengan ocurrencia  con la misma facilidad e impunidad como se dan en la actualidad en  Colombia.  
Solicitamos a la comunidad Internacional: Latino Americana, Europea, Canadiense, Norte Americana, Africana, Asiática, y de la India  exigir del gobierno colombiano el cumplimiento de normas internas como internacionales de respeto a los derechos humanos. Les proponemos a su vez  hacer parte de la veeduría internacional permanente de la Minga de resistencia Social y Comunitaria.
Solicitamos a la comunidad Nacional manifestarse y hacer uso de todos sus medios de difusión para lograr la solidaridad y apoyo a los compañeros voceros de la Minga que hoy son injustamente judicializados por representar al pueblo colombiano y a los sectores sociales de todo el país,  en sus necesidades más sentidas.

ASOCIACION NOMADESC

CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
 
CORPORACION JURIDICA UTOPIA

SINTRAUNICOL VALLE DEL CAUCA Y NACIONAL

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL
ECATE

FUNDACION COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESIS POLITICOS

COLOMBIA SOLIDARITY CAMPAING (INGLATERRA)

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA

CORPORACION SEMBRAR

LATIN AMERICAN SOLIDARITY CENTRE (IRLANDA)

 
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